7/2/12. Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

2/2/12. Un buen amigo me ha solicitado que resumiera mis impresiones tras recibir el relato de mi doble experiencia en las causas abiertas ya contra el juez Baltasar Garzón Real.

1/2/12. Gallardón, el alcalde que quería ser ministro, se ha destapado afirmando que volverá a la ley del aborto basada en los tres supuestos (malformación del feto, violación o trastorno psiquiátrico de la embarazada). Adiós a la ley de plazos. Y lo ha anunciado con una frase que me ha dejado atónita: "Es la medida más progresista que podía tomar". Vaya adjetivo del que se ha servido. Progresista. Gallardón siempre sorprende. Es un experto redomado en la cabriola verbal. Por un lado, contenta a esa derecha a la que la ley de plazos proporcionó tantas horas de airadas tertulias; por otro, quiere curarse en salud calificando esta vuelta atrás con un epíteto que pretende santificar su decisión.